Conflicto por el río Atuel: otra puja interna en la Rosada

Nación - El 7 de agosto de 2008 el Gobierno nacional firmó un convenio con los gobernadores justicialistas Celso Jaque (Mendoza) y Oscar Mario Jorge (La Pampa) para la concreción de obras hidráulicas por $600 millones, tendientes a mejorar el aprovechamiento y reestablecer la llegada de un mínimo de agua a tierras pampeanas en pos de devolverles vida productiva a los pueblos de la zona. El acuerdo debía ser normado por los parlamentos provinciales. Para la Legislatura de La Pampa fue un trámite veloz, pero aún se espera la aprobación de los legisladores mendocinos.

“Tenemos constancia de que durante la campaña electoral en las ciudades de San Rafael y General Alvear el vicepresidente arengó remarcando que el convenio firmado por la Presidenta no era conveniente para el pueblo de Mendoza. Este tema es una razón de Estado y las mezquindades políticas circunstanciales del vicepresidente tienen que quedar de lado”, dijo el titular de la Subsecretaría de Provincias del Ministerio del Interior, José Luis Barbier. El funcionario, que hace el seguimiento del caso tras la firma del convenio, declaró en una de sus visitas a La Pampa que “Cobos es quien manda a los legisladores a impedir el desarrollo de esta obra”.

Plan de obra

Las obras estipuladas consisten en la impermeabilización de los canales del río Atuel con el objetivo de generar excedentes que se repartirían entre las provincias. Las aguas llegarían a La Pampa mediante la construcción de un canal de 125 kilómetros entre las ciudades de Carmenza y La Puntilla para irrigar unas 6 mil hectáreas.

Los caprichos del destino hicieron que precisamente sea el inciso K del convenio el que prendiera la mecha de la principal polémica. El punto establece que Mendoza debe garantizar una “correntía de agua” (de 5 metros cúbicos por segundo) hacia La Pampa a partir del mismo día de la firma del convenio; algo que desde el 7 de agosto de 2008 nunca ocurrió.

Negación del cauce

Los legisladores mendocinos que se oponen firmemente –la mayoría alineados a Julio Cobos– se aferran a un fallo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió en 1987 y repiten hasta el cansancio que el acuerdo no se ajusta al dictamen que en su momento dio el Alto Tribunal. El dictamen manifiesta que el río es interprovincial (perteneciente a las dos provincias), aunque dispone que antes de compartir el agua, Mendoza debía garantizarse el riego de poco más de 75 mil hectáreas.

La posición mendocina es no ceder ni un centímetro. “El acuerdo no tiene una vinculación jurídica con la sentencia de 1987 y en el punto K evidentemente se han aprovechado de la debilidad de nuestro gobernador. Con La Pampa no se soluciona nada que no esté resuelto ya que no hay agua para repartir, porque hoy se riegan 55 mil hectáreas y falta agua, ni siquiera llegamos a estos 75 mil que nos habilita el fallo”, enfatizó el diputado provincial Jorge Serrano, vicepresidente de la bancada radical.

Una posible solución

La construcción de otra obra hidroeléctrica estratégica para Mendoza aparece como una carta de negociación para las dos provincias y al mismo tiempo contribuye a paralizar un eventual avance. Se trata de la represa Portezuelo del Viento sobre el Río Grande, el cauce más caudaloso y menos aprovechado de la provincia. La idea es crear un nuevo oasis en la localidad de Malargüe y ampliar los existentes en General Alvear y San Rafael. Además, servirá como base para el trasbasamiento del río Grande que incrementará el caudal del Atuel. Estos trabajos dependen de la aprobación del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco).

El gobierno de La Pampa apuesta a la resolución del conflicto por la vía política mediante las vías de persuasión y presión a los mendocinos para que aprueben el convenio trabado en la Legislatura. No obstante, hay sectores compuestos por organizaciones sociales que en base a su experiencia histórica exigen ponerse más duros.
gm